Desde el colectivo de género aseguraron que "durante el aislamiento se recrudeció la violencia machista ante la falta de redes de contención y el agravamiento en las condiciones de aquellas mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito convivencial"
También remarcaron "le necesidad de fortalecer, con un abordaje transversal, las políticas públicas integrales de prevención y asistencia de situaciones de violencia por razones de género"
La iniciativa procura implementar de forma inmediata una serie de acciones y políticas concretas en materia de prevención y asistencia integral de la violencia por razones de género durante el aislamiento.
También busca generar herramientas que permitan un adecuado abordaje territorial de la problemática de la violencia de género y tengan un impacto positivo real en la calidad de vida, el empoderamiento y la autonomía de quienes padecen este flagelo.
Sobre el proyecto, Estévez consideró que “es necesario mejorar la capacidad de respuesta del Estado en el marco de la emergencia sanitaria por lo que proponemos que se declare actividad esencial los servicios y dispositivos de atención y asistencia integral a personas en situación de violencia por razones de género”.
Expresó además que “el acceso a la Justicia está tremendamente limitado en tiempos de cuarentena; necesitamos un Poder Judicial ágil, con canales de denuncias accesibles, para mejorar la capacidad de respuesta y adoptar medidas de protección en tiempo oportuno”.
El proyecto presentado contempla la necesidad de reforzar y ampliar los canales y líneas de atención telefónica gratuita, para el acompañamiento, contención y asesoramiento, e Intensificar las campañas de difusión en materia de prevención y asistencia de la violencia por razones de género.
Asimismo, propone que el Ministerio de Educación incluya en las trayectorias escolares a distancia los contenidos curriculares en materia de perspectiva de género y la problemática de la violencia por razones de género y Educación Sexual Integral (ESI).
Prevé también que se realicen capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
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